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Repasando la actualidad de la mano del Blog de Montse Carpio   hemos tenido ocasión de leer el informe de la DGT sobre el impacto de la Ley 39/2015 sobre las ordenanzas fiscales.

Que la LPAC como legislación básica era aplicable a la administración local no había dudas y entendemos sobra la explicación, pero si había cierta controversia sobre si los principios del Título VI de la LPAC, referentes a la potestad reglamentaria eran de aplicación a las ordenanzas fiscales y en especial la consulta pública del art. 133 de la misma.

Hasta ahora podía entenderse que por aplicación del principio de especialidad de la DA 1ª de la LPAC, la consulta pública del art. 133 de la LPAC no era necesaria, y confesamos que esa era nuestra opinión. Sin embargo la DGT en el citado informe que:

“Como el trámite de consulta previa establecido en el artículo 133 de la LPAC no tiene equivalente en el TRLHL, dado el carácter ex novo del mismo, y no puede considerarse incluido en el trámite de participación ciudadana regulado en el art. 17 del TRLHL, que son dos trámites distintos y que se realizan en dos momentos del tiempo diferentes: el trámite de consulta previa tiene lugar con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o reglamento y se sustancia a través del portal web de la administración competente; mientras que el trámite de participación ciudadana del artículo 17 del TRLHL tiene lugar posteriormente, una vez elaborada y aprobada la redacción provisional de la ordenanza fiscal y no se realiza por medios electrónicos, sino mediante su exposición en el tablón de anuncios de la Entidad Local y su publicación en el boletín oficial correspondiente… En consecuencia en el procedimiento de aprobación de ordenanzas fiscales debe incluirse el trámite de consulta pública previa regulado en el artículo 133 de la LPAC”

Sin embargo la DGT concluye en su informe indicando que todo esto que hemos visto se aplica cuando la ordenanza fiscal es “nueva” pudiendo obviarse la consulta previa en casos de modificación de las ordenanzas fiscales, atendiendo al apartado 4º del artículo 133 LPAC:

“4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.”

Concluye la DGT que:

“El trámite de consulta previa debe sustanciarse cuando se trata de la aprobación de una nueva ordenanza fiscal, mientras que en el caso de la modificación de una ordenanza fiscal ya aprobada con anterioridad, puede obviarse dicho trámite por tratarse de una regulación parcial de la materia”

A nosotros la aplicación de todo esto  nos suscita bastantes dudas. Nos podemos encontrar con modificaciones de ordenanzas fiscales de “mucho calado” económico a las que no se les aplique la consulta previa, de acuerdo con el criterio expresado. O nuevas ordenanzas fiscales (derechos de exámen, mercadillos, etc) cuyo impacto económico sea mínimo pero que al ser nuevas haya que someterlas a consulta.

En fin suponemos que como siempre habrá que acudir al sentido común y al caso concreto pero adelantamos que la aplicación del segundo párrafo del artículo 133.4 de la LPAC generará tanta interpretaciones como ayuntamientos la apliquen.

Saludos

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