DESTINO DEL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA A RAÍZ DE LA APLICAICÓN DE LOS DECRETOS LEYES 8/2020 Y 11/2020.

Autores: Maite Sanahuja Esbrí y Óscar J. Moreno Ayza

A consecuencia de la aprobación de los Decretos Leyes 8/2020 y 11/2020 el destino del remanente líquido de tesorería (en adelante RLT) de nuestros ayuntamientos ha sufrido una drástica modificación de “casi” 360º, es decir, que hemos vuelto al artículo 32 de la LOESYF:

“Artículo 32. Destino del superávit presupuestario.
1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.”

Así con la normativa que tenemos encima de la mesa el 80% del RLT proveniente de la liquidación del ejercicio 2019 se tendrá que destinar a reducir endeudamiento, puesto que no se ha prorrogado el punto 2 de la DA 6ª de la LOESYF que es el que permitía destinar el superávit presupuestario a Inversiones Financieramente Sostenibles (En adelante IFS).

Pero vayamos por partes,

¿A qué se puede destinar el RLT del 2019?

A esta pregunta nos responde el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. que ya nos indica que es para fijar el “Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y aplicación en 2020 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Como indicábamos el artículo 3 del RDLey 8/2020 “barra” la DA 16ª del TRLHL de modo que si no se destina a amortización de deuda el RLT se destinará a gastos imputados a la política de gasto 23 «Servicios Sociales y promoción social»

Sin embargo a la política de gasto indicada, no puede destinar todo el RLT sino una cantidad que en último párrafo del artículo 3.2 se remite al artículo 2 del mismo pero que el artículo 20 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. concreta y fija en un 20% del RLT descontando las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del 2020 (el “Extrajudicial”) y la amortización de la deuda que nos permita cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria a 31/12/2020, es decir, letras a y b de la DA 6ª.2 de la LOESYF.

¿Puede destinarse el RLT a inversión?

Sí, como siempre así lo recoge el artículo 3.1 del RDLey 8/2020 “El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23″.

E igual que se recogía en la DA 16ª.3 las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán destinar su RLT tanto a capítulo 6 como al 7 a municipios en las condiciones que fija el propio artículo 3.2 del RDLey 8/2020 y que son las había antes:

¿Y a Gasto corriente?

Pues esta es una de las novedades que introduce en artículo 3.1 del RDLey 8/2020 y que nos lleva a pensar que si:

“Asimismo, dentro de aquella política de gasto, se considerarán, con carácter excepcional ya lo exclusivos efectos de este artículo, incluidas las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decreto-ley.”

Es decir se puede destinar a gasto corriente pero sólo el que esté relacionado con el art. 1.2 del RDLey 8/2020:

“a) Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio. Estos servicios comprenden la ayuda a domicilio en todas sus modalidades y cualquier otro de análoga naturaleza que se preste en el domicilio de la persona usuaria.

b) Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio.

c) Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la suspensión de atención diurna en centros.

d) Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debidamente protegidas, y posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia como en intensidad, de los mismos.

e) Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla.

f) Adquisición de medios de prevención (EPI).

g) Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de urgencia o de inserción.

h) Reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas cuidadoras y las medidas de conciliación para aquellas familias (especialmente monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes.

i) Otras medidas que las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente justificadas.”

Por tanto el artículo 1.2 abre la posibilidad de financiar gasto corriente aunque circunscrito a los puntos arriba indicados

¿Hay alguna peculiaridad respecto a la tramitación?

Si queremos realizar nuevos gastos o ampliar los existentes como consecuencia de la crisis sanitaria la figura a la que tenemos que recurrir es al crédito extraordinario o al suplemento de crédito, pero su tramitación dependerá de si es para inversión o para gastos corriente.

INVERSIÓN.

Dado que el artículo 20.2 del RDLey 11/2020 se refiere actuaciones encuadradas dentro del artículo 1.2 del RDLey 8/2020, entendemos que  para aquellas inversiones que no lo estén y figuren en la política de gasto 23 se seguirá su tramitación normal, es decir aprobación por pleno y de acuerdo con el TRLHL.

GASTO CORRIENTE.

Cómo hemos indicado arriba el artículo 20.2 del RDLey 11/2020 establece una tramitación diferente para cuando el crédito extraordinario o el suplemento de crédito sean  “para la aplicación del superávit a la política de gasto 23 en los términos regulados en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo” Consistiendo dicho procedimiento en:

  1. Aprobación por decreto o resolución del Presidente de la corporación local sin que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
  2. Convalidación en el primer Pleno posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente. La falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del decreto aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía de la reclamación económico-administrativa, para lo que el cómputo de plazos se producirá a partir de la fecha de publicación del acuerdo plenario.

¿Y luego qué?

Pues tendremos un anexo más rellenar en la OVEELL en virtud de los puntos 3,4,5 y 6 del artículo 20 del RDLey 20/2020 y que de seguro nos tendrá muy entretenidos.

“3. Para el seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda, las Entidades Locales deberán remitir cumplimentado el formulario recogido en el Anexo III de este real decreto-ley. Esta obligación de remisión de información se establece en desarrollo del principio de transparencia reconocido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, por lo que deberá atenderse centralizando dicha remisión a través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones.

La información será remitida por medios electrónicos a través de los modelos normalizados y sistema que el Ministerio de Hacienda habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda considere que no es necesaria su utilización.

4. Se habilita a dicho órgano del Ministerio de Hacienda para dictar las resoluciones que sean necesarias para la aplicación de este precepto y para el establecimiento de plazos, períodos y procedimiento de remisión.

5. El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información, tanto en lo referido a los plazos establecidos, el correcto contenido e idoneidad de los datos o el modo de envío derivados de las disposiciones de este real decreto-ley podrá llevar aparejada la imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, previo requerimiento a la Corporación Local para su cumplimiento en un plazo de 10 días hábiles. Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el Ministerio de Hacienda podrá dar publicidad a los requerimientos efectuados o al incumplimiento de los mismos.

6. El Ministerio de Hacienda podrá difundir o publicar la información remitida en virtud del presente real decreto-ley con el alcance, contenido y metodología que determine.”

Conclusiones

Pues tal y com apuntábamos al principio, parece que hemos vuelto a los “orígenes” del artículo 32 de la LOESYF y cuando parecía que iba a abrirse la puerta a un destino más amplio del remanente de tesorería, la circunstancia nos han llevado a que ahora, salvo ese 20% que de forma “muy vigilada” puede destinarse a gasto social. Con el 80% restante a fecha de hoy lo que procede es amortizar deuda, aunque tal y como se suceden los acontecimientos futuros BOEs nos puedan dar una sorpresa…

 

Esta entrada tiene como finalidad “ordenarnos” las ideas en unos momentos tan difíciles como inciertos, las que planteamos son nuestras conclusiones a la vista de lo publicado y evidentemente pueden cambiar, nosotros lo compartimos por si es de vuestro interés, no obstante si algo se nos ha pasado o puede completarse lo expuesto aquí agradeceremos la aportación.

Gracias y salud para todos