La contratación de espectáculos públicos de forma recurrente en la Administración Local.
Por: Maite Sanahúja Esbrí, Interventora de administración local, categoría superior. – Noviembre 2026
En la presente entrada nos gustaría abordar un tema que, a buen seguro, interesará a muchos por la incidencia que tiene en el día a día de la administración local: la contratación de espectáculos públicos para fiestas municipales o actos similares, que se dan año tras año.
Así, en la anterior entrada “ A vueltas con las bandas de música: Informe 1/2020, de 25 de febrero de 2.020, de la JCCA de la GVA.”, ya veíamos que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (JCCA) de la Generalitat Valenciana señalaba en Informe 1/2020, de 25 de febrero de 2.020, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana que
» (…) A este respecto el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en Resolución 574/2018 “En resolución de este Tribunal nº 292/2013, ya se señaló que la utilización del procedimiento negociado sin publicidad solo es admisible cuando exista un único empresario o profesional al que pueda encargársele el trabajo, sea por razones técnicas, artísticas o de exclusividad de derechos, sin que sea suficiente que la selección de ese único empresario sea consecuencia de una mera conveniencia del órgano de contratación” “Resulta evidente, por tanto, que esta causa justificadora del procedimiento negociado no reside en el carácter artístico del trabajo, sino en que únicamente haya un empresario o profesional al que pueda encargársele el trabajo, sea por razones técnicas, artísticas o de exclusividad de derechos».
Hoy, sin embargo, vamos un paso más y analizaremos otro informe reciente de dicho órgano consultivo: el Informe 7/2026, de la JCCA de la GVA, de 02 de noviembre de 2026.
Dicho informe parte de la consulta de un municipio en relación con la contratación de actuaciones artísticas, espectáculos, conciertos, orquestas y demás actividades incluidas en la programación festiva y cultural municipal, y se expone que la selección de los artistas y entidades participantes responde a criterios de programación cultural y de adecuación a las características de cada evento, siendo frecuente que el importe de cada actuación considerada individualmente no supere los límites económicos del contrato menor.
Tal y como remarca la consulta planteada, se parte de la premisa de que determinados artistas, grupos o compañías pueden ser contratados en distintos ejercicios y que en la programación participan también asociaciones culturales locales, que perciben cantidades destinadas a compensar los gastos derivados de sus actuaciones, por lo que tales circunstancias suscitan dudas sobre el procedimiento de adjudicación aplicable y sobre la incidencia de los derechos de propiedad intelectual y de las situaciones de exclusividad.
Como se recoge en dicho informe, el art. 25.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante, LCSP, dispone que tendrán carácter privado los contratos de espectáculos con número de referencia CPV de 79995000-5 a 79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto 92230000-2, 92231000-9 y 92232000-6.
Por tanto, y de conformidad con el artículo 26.2 de la LCSP, la preparación y adjudicación de este tipo de contratos se regirá por el Libro Primero y el Libro Segundo de la LCSP (esto es, en los mismos términos que los contratos propiamente administrativos), y en cuanto a sus efectos y extinción, les serán aplicables las normas de derecho privado.
En relación a dichas previsiones, la JCCA de la GVA realiza los siguientes matices:
1. Sobre el concepto de actividad artística “única”: Dicho informe señala que
“(…) , la doctrina sentada al respecto por los órganos consultivos, al interpretar el sentido y alcance de esta locución, considera que el carácter artístico de la prestación no es causa suficiente para recurrir a este procedimiento excepcional; lo esencial es que solo exista un empresario o profesional al que pueda encargársele la prestación o el trabajo, sea por razones técnicas, artísticas o de exclusividad de derechos; y, asimismo, en el expediente debe constar la justificación de la imposibilidad de promover la concurrencia, lo que debe analizarse de forma casuística, no resultando posible establecer reglas generales, considerando siempre que el art. 168 LCSP debe ser objeto de aplicación excepcional e interpretación estricta, y exige una motivación rigurosa e individualizada del expediente, de modo que la unicidad artística o la exclusividad no se presume, sino que debe acreditarse en cada supuesto concreto.”
Dicha afirmación parte, a su vez, de la doctrina jurisprudencial asentada al efecto, esto es, la STSJ Cataluña de 13 de diciembre de 2021, la STSJ Cataluña de 14 de diciembre de 2022, la STSJ Castilla y León de 5 de junio de 2020, y, como apoyo de principio, la STJUE de 2 de junio de 2005.
El meritado informe 7/2026, además, parte de que , en cuanto a doctrina administrativa, el mismo principio se formula claramente en el Expediente 129/2018, de 21 de octubre de 2019, de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que, al remitirse a su Informe 72/18, de 15 de julio de 2019, afirma que cuando la ley permite acudir al procedimiento negociado sin publicidad por tratarse de una representación artística única, ello depende de que concurra un alto grado de originalidad y especialidad que individualice la prestación hasta el punto de que no pueda encomendarse a otro contratista; y añade expresamente que “obviamente no en todos los casos concurre esta circunstancia” y que “debiendo ser el órgano de contratación el que en cada caso valore las circunstancias de la prestación que quiera contratar”; en la misma línea, el Expediente 72/2018, de 15 de julio de 2019, de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en sus conclusiones, señala que en el caso de las orquestas la calificación de su actuación como representación artística única “deberá tener en cuenta el grado de originalidad y especialidad de la interpretación”, añadiendo que no pueden prefijarse de antemano dichas circunstancias.
Ello conlleva que , a juicio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa valenciana, no resulta posible delimitar o definir con carácter general el valor singular o el carácter único de una determinada prestación artística como presupuesto habilitante para la utilización del procedimiento negociado sin publicidad por esta causa, de forma que la concurrencia de dicha circunstancia exige una valoración casuística, atendiendo a las características concretas del artista, espectáculo o prestación artística de que se trate.
Y, para la JCCA de la GVA, a pesar de ello y como pauta general, cabe decir que el carácter único de la prestación puede apreciarse, en principio, cuando la contratación tenga por objeto artistas, grupos o espectáculos especialmente reconocidos, singulares o destacados por sus cualidades artísticas o por su repertorio singular, que no resulten sustituibles por otros operadores en condiciones equivalentes.
No obstante, dicho carácter difícilmente concurrirá cuando se trate de prestaciones que, no obstante su carácter artístico, puedan considerarse ordinarias o fungibles, en el sentido de que podrían ser ejecutadas de forma sustancialmente equivalente por una pluralidad de operadores económicos en el ámbito artístico de que se trate.
Se incide, pues, en que la clave radica en que la contratación de una actuación artística singular o única, esto es, en la que el interés del contrato es la que radica precisamente en la intervención de un determinado artista, grupo, compañía o espectáculo por sus características propias y no sustituibles, y tal singularidad no tiene por qué venir necesariamente asociada a la existencia de derechos de propiedad intelectual relevantes para la contratación, sino que puede derivar de la identidad del artista, de su reconocimiento público, de su trayectoria o, en general, del especial interés que para el órgano de contratación presenta esa actuación concreta frente a otras posibles alternativas.
2. Sobre la contratación artística mediante la fórmula del contrato menor que tenga carácter reiterado o recurrente: la JCCA de la GVA concluye en el informe 7/2026 que , la contratación reiterada de una misma orquesta para las fiestas patronales o locales de cada año, o de varios espectáculos homogéneos integrados en una programación anual previsible, no encaja de forma natural en la lógica del contrato menor si la necesidad es periódica y susceptible de programación.
Ahora bien, la JCCA de la GVA matiza dicha afirmación, y tiene en cuenta que no basta con afirmar que cada orquesta o espectáculo constituye una actuación distinta, sino que hay que justificar, caso por caso, si cada prestación tiene autonomía técnica y económica real o si, por el contrario, todas forman parte de una necesidad única y planificable, en cuyo caso la contratación separada mediante sucesivos contratos menores presenta un riesgo claro de fraccionamiento indebido.
Por eso, señala que la contratación menor recurrente (año tras año) de orquestas, representaciones artísticas y espectáculos, con ocasión de las fiestas locales, solo resulta defendible si concurren acumulativamente los siguientes elementos, debidamente justificados en cada expediente: necesidad concreta y no susceptible de planificación ordinaria; valor estimado dentro de los umbrales legales; ausencia de fraccionamiento; autonomía técnica y económica de la prestación que conforma cada contrato menor respecto de los demás; y, por supuesto, duración no superior a un año.
Por el contrario, el informe 7/2026 de la JCCA de la GVA remarca que son indicadores claros de utilización improcedente del contrato menor: la contratación, año tras año, de las mismas o análogas actuaciones para sus fiestas; la división de una programación festiva unitaria en varios contratos menores; la adjudicación reiterada al mismo operador o empresario prestaciones conexas; el carácter previsible y programable de la necesidad; o cuando no puede explicarse de forma convincente la autonomía funcional de la prestación que conforma cada contrato menor singular .
3. El arraigo local como elemento determinante para la contratación: el informe 7/2026, además, analiza sobre la viabilidad de contratar a determinadas entidades asociativas locales, para la realización de actos en el municipio (actos referidos a las actuaciones artísticas y/o espectáculos realizados durante las fiestas locales); refiriéndose, además, a contrataciones que tendrían carácter reiterado, al realizarse anualmente con un importe muy reducido.
En ese apartado, la JCCA de la GVA es clara, al señalar que “ la condición de asociación local o de entidad arraigada en el municipio no exime del cumplimiento de las reglas de contratación pública ni permite prescindir de los procedimientos de adjudicación previstos en normativa sobre contratación pública, y no constituye, por tanto, un título jurídicamente habilitante para la adjudicación directa de dichos contratos. Más bien al contrario, la LCSP insiste en la necesidad de dispensar un tratamiento igual y no discriminatorio, sin que puedan otorgarse ventajas o privilegios de clase alguna que puedan desvirtuar la libre concurrencia. En este sentido, cabe citar el art. 1.1 LCSP, según el cual la contratación pública debe garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia, y la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, además de la salvaguarda de la libre competencia; o el art. 132 LCSP, que impone a los órganos de contratación la obligación de dispensar a candidatos y licitadores un tratamiento igualitario y no discriminatorio, ajustando su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad, sin que pueda limitarse la participación por razón de la forma jurídica o por el ánimo de lucro, salvo supuestos legalmente reservados, y prohíbe concebir la contratación para restringir artificialmente la competencia, favoreciendo o perjudicando indebidamente a determinados empresarios; o, en fin, el art. 40.b) LCSP, precepto que incluye, entre las causas de anulabilidad de derecho administrativo, la adopción de cualesquiera disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.
En parecido sentido, el art. 18.2.a) de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, prohíbe de manera expresa la adopción de medidas o actuaciones que limiten el libre establecimiento y la libre circulación, relacionadas con la exigencia de requisitos basados en la implantación o arraigo territorial del operador, o en la residencia o establecimiento en un determinado territorio.
En consecuencia, la adjudicación directa de este tipo de contratos únicamente resultará posible en los supuestos expresamente previstos en la normativa; en particular, podrá acudirse o bien al contrato menor cuando concurran los requisitos legalmente exigidos, o, alternativamente, al procedimiento negociado sin publicidad cuando la prestación solo pueda ser realizada por un determinado operador económico, bien por el carácter único de la actuación artística, bien por la existencia de derechos de exclusividad que excluyan cualquier posibilidad real de competencia, todo lo cual ha sido ya abordado en las consideraciones precedentes.
Tampoco la reducida cuantía de estas contrataciones (se indica que dichas entidades percibirían entre 400 y 1000 euros por actuación) permite prescindir o hacer excepción de la aplicación de la normativa sobre contratación pública. De modo que, aun tratándose de prestaciones de escaso importe, deberán utilizarse los instrumentos de contratación legalmente procedentes, ya sea el contrato menor si se dan las condiciones para ello, o, en su caso, los demás procedimientos previstos en la normativa contractual. ”
Respecto a dicha cuestión, la JCCA analiza en dicho informe un apartado interesante, que nos lleva al siguiente punto.
4. La diferencia entre subvención y contrato: el informe 7/2026 de la JCCA de la GVA señala que ni la ausencia de beneficio industrial ni la limitación de la compensación o retribución al coste efectivo del servicio bastan para negar la existencia de un contrato oneroso.
Así, parte de que lo jurídicamente relevante es que exista una prestación de servicios a cambio de una contrapartida económica, aunque esta consista exclusivamente en el reembolso de gastos. Si concurren esos elementos, para la JCCA de la GVA la relación debería quedar sometida a la normativa de contratación pública y concluye que el hecho de que la contraprestación económica se limite al resarcimiento de los gastos no excluye la aplicación de la normativa sobre contratación pública ni el carácter oneroso del negocio jurídico.
Al contrario, la jurisprudencia considera que puede seguir existiendo un contrato oneroso, porque el reembolso de costes constituye, a estos efectos, una contraprestación económica suficiente para calificar como onerosa la relación jurídica entre el operador y la administración. Aunque no constituye el objeto de la presente consulta, conviene señalar que si la finalidad perseguida por el Ayuntamiento consiste en promover, apoyar o fortalecer el tejido asociativo municipal y la participación de las asociaciones radicadas en el municipio en los actos festivos y culturales desarrollados con ocasión de las fiestas locales, el instrumento jurídico adecuado para ello no es la adjudicación directa de contratos públicos basada en el arraigo territorial o en la condición de entidad local, sino el ejercicio de la potestad administrativa de fomento mediante los mecanismos previstos en la legislación de subvenciones.
En efecto, la JCCA de la GVA señala que la actividad subvencional persigue precisamente incentivar la realización de actividades de interés público mediante aportaciones económicas sin contraprestación contractual, constituyendo una manifestación típica de la potestad de fomento de las Administraciones Públicas.
Y señala: “En este ámbito, la Administración dispone de un margen de discrecionalidad más amplio para definir los objetivos de interés público que pretende promover y para delimitar el ámbito subjetivo de las ayudas, pudiendo, en función de la finalidad perseguida y de la justificación existente, establecer convocatorias dirigidas específicamente a entidades del municipio o vinculadas al ámbito territorial local, siempre con respeto a los principios y requisitos establecidos en la legislación subvencional.
La concesión de estas ayudas podrá articularse, con carácter general, mediante procedimientos de concurrencia competitiva, conforme a lo previsto en el art. 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), o, cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, mediante subvenciones de concesión directa, en los supuestos excepcionales previstos en el artículo 22.2 LGS. Ahora bien, también debe advertirse que la figura subvencional exige que la entrega de la ayuda en favor de las entidades beneficiarias se realice sin contraprestación alguna exigible en favor del Ayuntamiento (ex. art. 2.1.a LGS).
La subvención, por definición, tiene por objeto fomentar o apoyar actividades promovidas por el beneficiario, no retribuir servicios encargados por la Administración. Por consiguiente, cuando la aportación económica se articula como contrapartida de la realización de una actividad o prestación concreta, previamente determinada por el ayuntamiento, cuya ejecución resulta obligatoria para la entidad perceptora y se lleva a cabo en interés o beneficio de la entidad local, la relación jurídica resultante no puede calificarse como subvencional, sino como contractual, dado su carácter sinalagmático, quedando sometida al régimen jurídico propio de la contratación pública, con independencia de la denominación o nomen iuris empleada por las partes o del instrumento formal utilizado.”
Por tanto, el informe 7/2026 de la JCCA de la GVA concluye:
Primera.- Los contratos realizados por una administración pública cuyo objeto consista en la realización de actuaciones artísticas o espectáculos, como los mencionados en la consulta, tienen la consideración de contratos privados, siempre y cuando se correspondan con alguno de los números de referencia CPV establecidos en el art. 25.1. a), ordinal 1º, de la LCSP. Su preparación y adjudicación se rigen, en defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP con carácter general (esto es, por las normas sobre preparación y adjudicación que rigen para las administraciones públicas respecto de sus contratos administrativos), y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos, modificación y extinción, se rigen por el derecho privado.
Segunda.- La utilización del procedimiento negociado sin publicidad previsto en el artículo 168.a).2.º LCSP exige la acreditación de que la prestación constituye una creación artística única o, alternativamente, de que concurren derechos de exclusividad que imposibilitan la competencia, de modo que la prestación únicamente pueda ser realizada por un operador económico determinado. Tales conceptos deben interpretarse de forma restrictiva y en los términos desarrollados en la consideración jurídica segunda del presente informe. Si se recurre al procedimiento negociado sin publicidad por razón de la existencia de derechos de exclusividad, deberá acreditarse de forma suficiente la existencia de tales derechos, y solo podrá amparar la contratación de la prestación sobre la que recaen dichos derechos, sin extenderse a servicios accesorios o complementarios vinculados al evento.
Tercera.- La contratación de actuaciones o espectáculos destinados a atender necesidades periódicas, recurrentes y previsibles de la entidad local debe ser objeto de una adecuada planificación y programación contractual, recurriendo a los procedimientos ordinarios de adjudicación que resulten procedentes. En este contexto, debe recordarse que el contrato menor constituye una figura de carácter excepcional, concebida para atender necesidades puntuales, no previstas y de escasa entidad, por lo que no resulta procedente la utilización sistemática del contrato menor para atender necesidades que se repiten de forma periódica o que pueden ser razonablemente anticipadas y planificadas por la Administración, como sucede con las actuaciones y espectáculos que se programan y contratan anualmente, en fechas fijas perfectamente conocidas por la entidad local.
Cuarta.- La condición de asociación local, el arraigo de la entidad en el municipio o la reducida cuantía de la contraprestación económica no constituyen, por sí solas, circunstancias que permitan la adjudicación directa de contratos ni excluyen la aplicación de la normativa general sobre contratación pública. La promoción y apoyo del asociacionismo local podrá instrumentarse, en su caso, mediante el ejercicio de la potestad de fomento y los mecanismos previstos en la legislación de subvenciones, y no mediante la adjudicación directa de contratos públicos basada en el carácter local o en el arraigo territorial local de las entidades beneficiarias, si bien deberá tenerse en cuenta que la relación jurídica subvencional exige, en todo caso, la ausencia de una contraprestación contractual en favor de la Administración, debiendo atenderse a la naturaleza real del negocio jurídico y no a la denominación formal que se le otorgue.
Quinta.- La ausencia de beneficio económico para la entidad que realiza la prestación no excluye necesariamente el carácter oneroso de la relación jurídica. Siempre que exista una prestación de servicios a cambio de una contraprestación económica, aunque esta se limite al reembolso de gastos, resultará aplicable, con carácter general, la legislación de contratos del sector público.
Esperemos que os resulte de ayuda a modo de fondo de armario.