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Ayuntamiento de la Coruña

 Nuestro amigo Borja Colon de Carvajal, ahora desde la jefatura Servicio de Administración e Innovación Pública en Diputación de Castellón, comparte con nosotros su análisis sobre el “mercado único digital competitivo” y su implicacion para las administraciones

La administración electrónica como punta de lanza del mercado único digital competitivo.


 

Hace escasamente unos días tuvimos conocimiento a través de su publicación en el DOUE de la “Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012, sobre un mercado único digital competitivo – la administración electrónica como factor puntero”. En dicho documento, además de hacer un breve repaso a los principales hitos alcanzados en materia de oGovernment por parte de la UE se refleja la importancia desde el punto de vista económico que el impulso de dicha materia tiene en el ámbito de las políticas comunitarias. De este modo, debemos recordar solamente que el sector de las TIC es directamente responsable del 5 % del PIB de la UE, con un valor de mercado de 660 000 millones de euros al año, pero que contribuye mucho más al crecimiento de la productividad general (un 20 % directamente del sector de las TIC y un 30 % de las inversiones en TIC).

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Sin embargo, lo verdaderamente significativo de la Resolución del Parlamento radica, a mi modo de ver, en que dicha institución se postula en favor de una política integradora que aglutine tanto acciones encaminadas a la implantación total de la e – administración, el desarrollo de la e – contratación y el establecimiento concreto de una política clara de e-factura.

Dicho lo cual, y ya en el marco de las acciones a desarrollar en materia de administración electrónica, el Parlamento Europeo observa que los principales obstáculos de acceso transfronterizo a los servicios electrónicos de las administraciones públicas están relacionados con la identificación electrónica y la firma electrónica, y que no existe una interoperabilidad a escala europea. Considera pues, que con objeto de garantizar unos servicios transfronterizos de administración electrónica eficaces a escala de la UE que ofrezcan una interacción bidireccional y/o automatizada entre las administraciones y los ciudadanos y/o las empresas es necesario establecer un marco jurídico europeo claro y coherente para el reconocimiento mutuo de la autenticación electrónica, la identificación electrónica y la firma electrónica. Es por ello que pide a la Comisión y los Estados miembros que lancen programas de capacitación digital para promover la plena utilización de servicios de administración electrónica, reforzar la alfabetización digital y superar las barreras electrónicas que afectan a las PYME y a los sectores desfavorecidos de la población, como las personas mayores o con discapacidad, las minorías, los inmigrantes, los desempleados y las personas que viven en zonas remotas de la Unión.

Por otro lado, en cuanto a las políticas de e – contratación, el Parlamento Europeo hace hincapié en que la contratación electrónica consta de dos fases: la preadjudicación (anuncio, licitación, presentación, aceptación de firma por vía electrónica) y la postadjudicación (pedidos, facturación, pagos y firmas, por vía electrónica) y  pide a los Estados miembros que apliquen e integren plenamente ambas fases en sus portales de contratación electrónica antes de 2015. Pide, asimismo, a la Comisión y a los Estados miembros que potencien el nivel de calidad de los proyectos relativos a las TIC de las administraciones públicas, de manera que se garanticen, por un lado, la consecución de los objetivos estratégicos de las administraciones en materia de innovación y, por el otro, el aumento de los niveles generales de calidad, plazos y costes de las licitaciones. Y, por último, insta a la Comisión y los Estados miembros a promover, dentro de las administraciones públicas centrales y locales, el modelo de la contratación precomercial (pre-commercial procurement o PCP), que permite a los contratantes públicos compartir con los proveedores los riesgos y las ventajas del diseño, la creación de prototipos y la experimentación en relación con nuevos productos y servicios; a poner en común los recursos de más contratantes; y a crear las condiciones óptimas para una amplia comercialización y difusión de los resultados de las actividades de I+D.

Finalmente, en al ámbito de la e – factura, el Parlamento es consciente de la fragmentación del mercado debida a las normas nacionales de facturación electrónica; lamenta que solo el 22 % de las PYME reciba y envíe facturas electrónicas. De ahí que subraye aún más si cabe los beneficios sustanciales que ofrece la facturación electrónica, como recurso para lograr una gestión más eficaz y menos gravosa de todas las relaciones entre clientes y proveedores, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante períodos de pago más cortos, menos errores, mejor recaudación del IVA, reducción de las impresiones de papel y los gastos de envío y procesamiento integrado de los negocios. Destaca, por otro lado, la importancia de la seguridad jurídica, un entorno técnico claro y soluciones de facturación electrónica abiertas e interoperables basadas en requisitos jurídicos, procesos empresariales y normas técnicas comunes para facilitar la adopción en masa. En consecuencia, invita a la industria y a las organizaciones europeas de normalización a seguir esforzándose por fomentar la convergencia hacia un modelo de datos de facturación electrónica común.

En conclusión, más allá de la implicaciones jurídicas (ninguna, diría yo) de las Resoluciones del Parlamento Europeo, podemos observar cómo el mismo apuesta decididamente en favor de los postulados de la Comisión y el Consejo al enfatiza que el Plan de acción europeo sobre administración electrónica 2011-2015 representa una oportunidad única para modernizar y reducir el coste de las administraciones públicas nacionales y europeas, lo que les permitirá explotar al máximo el potencial de una mayor integración europea y fomentar el crecimiento, la innovación, la movilidad de los ciudadanos y las oportunidades profesionales para empresas, especialmente para las PYME, así como la participación de los ciudadanos en la formulación de políticas.

 

 
 
 
 

 

 
 
 
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