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Aunque de forma resumida, no tenemos tiempo para más, queríamos compartir sendos informes de diversas juntas de contratación, referentes a la capacidad de contratar de las sociedades civiles y las comunidades de bienes,  donde se concluye que miestras las sociedades civiles, al tener personalidad jurídica pordrían contratar, la comunides de bienes al no tener personalidad jurídica carecen de esa aptitud. No exite nada nuevo sobre el tema pero la idea es que esta entrada nos sirva de “fondo de armario” para ir recopilando el material sobre este tema.

INFORME 11/2002, de 4 de febrero de 2003, sobre la capacidad de las sociedades civiles y comunidades de bienes para contratar con las Administraciones Públicas. (Andalucía).

Informe 8/2012, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón

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6 Comentarios

  1. Y dejado y setndo claro que las comunidades de bienes no pueden contratar con las administraciones públicas y lo tenemos muy claro a la hora de licitaciones, pliejos y mesa y juntas de contraación. ¿que pasa con las facturas que emiten como “contratos menores” como proveedores de un Ayuntamiento? ¿se las admitimos? ¿que otra opcion hay?

    • Hola David, el problema que planteas es muy usual, aunque sea redundante un contrato menor, es un contrato y no por ser de “escaso” importe queda exonerado de las normas de contratación, aplicables a todos los contratos, en consecuencia no habría que admitir su contratación, el problema es cuando la “contratación” es “verbal” y lo que nos llega no es una propuesta de gasto, sino una factura por un servicio que ha realizado un ente sin personalidad pero hecho al fin y al cabo. Solución, fomentar que las contrataciones menores, al menos las de cierto importe, cumplan con la precepitva propuesta de gasto (pues en puridad el encargo verbal solo es posible en la contratación de emergencia) advertir a los concejales y resto de personal de que no pueden contratar con una CB y cuando lleguen facturas, aprobarlas con reparo, ya que el servicio ha sido prestado y de no abonarlas se produciría un enriquecimiento injusto por parte de la administración.

      Un saludo David

  2. Como contraposición a la postura general que defiende que, ante la ausencia de personalidad jurídica de las Comunidades de Bienes, éstas no podrían contratar con una Administración Pública, tenemos cierta jurisprudencia que viene a defender una opción diferente, que recogía la Profesora Isabel Gallego Córcoles en un artículo publicado en la Revista Contratación Administrativa Práctica (diciembre 2007):

    Así, la STSJ de la Comunidad Valenciana de fecha 2 de octubre de 2002 afirma que la carencia de personalidad jurídica de una comunidad de bienes carece de relevancia para determinar la invalidez jurídica planteada, por cuanto la Sala entiende que la personalidad jurídica y capacidad de obrar de quienes conforman dicha Comunidad de Bienes, que, asimismo, son responsables de dicha actividad, permitiría entender que sí podría contratarse con una Comunidad de Bienes.

    De igual forma, la STSJ del País Vasco de 24 de mayo de 2002 concluye que una Comunidad de Bienes no formalizada sí que ostenta capacidad de obrar.

    Por último, la STSJ del País Vasco de 3 de mayo de 2002 afirma que cuando el licitador no es persona jurídica (como el caso de las comunidades de bienes), la documentación acreditativa de la aptitud para contratar ha de ser referida a todas y cada una de las personas físicas.

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