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Aunque quizá no haga falta, por ser de todos conocido aunque a mí siempre se me olvida, entendemos que no está de más recordar que cuando un ayuntamiento va a arrendar un bien inmueble sujeto a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos no se encuentra obligado a prestar fianza, por así disponerlo el artículo 36.6 de la citada LAU:

“6. Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y demás entes públicos vinculados o dependientes de ellas, y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus Centros y Entidades Mancomunados, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos.

Ir a Norma modificadoraNúmero 6 del artículo 36 redactado, con efectos desde el 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, por la disposición final cuarta de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 («B.O.E.» 23 diciembre).Vigencia: 1 enero 2011Efectos / Aplicación: 1 enero 2011″
Y aunque esto es obvio, en no pocas ocasiones usando un modelo de contrato del derecho privado, se nos puede colar (o haber colado) la cláusula de marras.
Por si te interesa...

 

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